El Gobierno de Argentina, comandado por Mauricio Macri, sostuvo desde el primer año de su gestión, en 2015, que el país debía abrirse al mundo y dejar atrás años de aislamiento en materia económica, en una clara referencia a sus antecesores Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Es por eso que optó por reducir el gasto público, a través del ajuste en distintas esferas estatales —como la educación, el régimen jubilatorio y las asignaciones sociales— y solicitó un financiamiento externo que, según ha explicado el mandatario, inyectaría la confianza necesaria para que las inversiones arriben al país.
Durante el mes de mayo del 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo para la nación sudamericana de unos 50.000 millones de dólares, parcelados en distintos tramos de pago, que al día de hoy continúa impactando en la economía. Pero el Fondo no es el único objetivo de Macri.
En el mes de diciembre, durante la realización del G20, la cumbre de líderes mundialistas que tuvo lugar en Buenos Aires, capital del país, el presidente se refirió al posible ingreso de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La entidad, creada en 1960, nuclea a 36 países desarrollados de diferentes partes con el objetivo de monitorear las políticas públicas aplicadas y estandarizar las buenas prácticas y programas para un funcionamiento correcto de los principales indicadores de cada nación. En América Latina, México, Colombia y Chile son los únicos que actualmente integran el organismo multilateral.
"En la OCDE pasa algo extraño: todo el mundo acepta el ingreso de la Argentina, pero estamos trabados porque a su vez no aprueban el ingreso de otros países", comentó el mandatario en aquella reunión, que convocó a los principales líderes mundiales.
La decisión para que Argentina se sume al organismo está sujeta a un Consejo, integrado por los países miembros, que son los responsables de aceptar, o no, su incorporación. En el mes de marzo se publicará una revisión multidimensional de la economía local donde contemplarán, entre otras cosas, indicadores como la educación, las variables macroeconómicas y el bienestar social.
Una de las primeras razones que se barajó sobre el impedimento de Argentina para formar parte, y en referencia al pedido del presidente, ha sido su actual recesión económica. Desde el Gobierno, no han podido bajar la inflación de precios, con un 20% interanual, según los últimos datos oficiales, lo que provocó una caída del consumo y un aumento de la indigencia, número que probablemente volverá a subir en marzo.
De hecho, los análisis de la OCDE calificaron este año al sistema educativo de Argentina (indicador fundamental para la organización) como insuficiente, dado los bajos salarios que perciben los docentes. Al comparar las remuneraciones de 39 países, el Estado argentino queda relegado al penúltimo puesto.
Sin embargo, Sebastián Nieto Parra, jefe del Centro de Desarrollo de la OCDE, explica que el camino optado por Argentina es el correcto, ya que se valora, además de los indicadores, el esfuerzo y los programas optados por el Gobierno que tienden a lograr una mayor inclusión social.
"Argentina forma parte de nuestro Centro de Desarrollo, sin ser parte de la organización. Es una forma de intercambio de políticas públicas con países emergentes, que es nuestro objetivo, y en donde participan 11 naciones de la región sin integrar la OCDE. Creemos que el camino optado por el país es el correcto porque apunta a un crecimiento", afirma Parra en diálogo con este medio.
Respecto a los beneficios que accederá Argentina ante una posible aceptación, el jefe del Centro de Desarrollo destacó tres fundamentales.
"Uno es la valoración que se adquiere, lo que puede traducirse en un voto de confianza para el mercado. El otro es el del diálogo con los pares y el intercambio de programas que dieron resultado. Y el tercer beneficio es el de las recomendaciones especificas en cuanto al diseño e implementación de políticas publicas. Es decir, el monitoreo apuntado a mejorar todos los índices de bienestar social", finaliza Parra.
En la misma línea, Ángel Melguizo, quien dirigió la Unidad para América Latina en la organización hasta fines del 2018, aseguró que su ingreso generaría la confianza necesaria para los inversores, tanto locales como internacionales.
"Todos los pronósticos de organismos internacionales que manejamos prevén una recuperación de la economía argentina, especialmente en la segunda etapa del 2019. Es más, según el FMI, el país crecería por encima del promedio para 2020. Sin dudas, esto contribuirá a afianzar la senda de recuperación económica", afirmó Melguizo.
Matías Tombolini, economista y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), señaló que el ingreso a la OCDE no significa nada con una economía en recesión.
"Estar en un pequeño club por ganar un 'sello de calidad' no es importante ahora. Argentina fracasó en su rumbo económico al no alcanzar sus objetivos. No hay número concretos que demuestren que estamos viviendo mejor. Habrá que ver qué capacidades tiene el Gobierno para adaptarse a los programas extranjeros porque con el del FMI no funcionó", alerta el economista.
Respecto de los beneficios mencionados anteriormente, que Argentina adquiriría dentro de la organización, Tombolini calificó de "inciertos" los diagnósticos favorables de algunas entidades.
"Cuando fuimos declarado un país emergente, la bolsa de valores subió una semana y después tuvimos el peor desempeño en una década. Cuando se organizó el G2O, para demostrar al mundo lo que somos, se terminó con el peor riesgo país de la década y 800 puntos abajo. Formar parte de una estimación, no otorga resultados. La evaluación de la gestión de 'Cambiemos' es muy mala y ningún sector externo debería decir lo contrario", remarcó Tombolini.
Facundo Lo Duca
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