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La Policía argentina reprime a trabajadores de Coca-Cola que reclamaban por sus puestos de trabajo

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La empresa alega estar en crisis, pero sus empleados denuncian que es mentira y se trata de una maniobra para realizar despidos y precarizar las condiciones laborales.
La Policía argentina reprime a trabajadores de Coca-Cola que reclamaban por sus puestos de trabajo

Desde hace más de una semana los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Buenos Aires están en estado de alerta y movilización por despidos. En ese contexto, este jueves se manifestaron pero fueron reprimidos por la Policía.

El objetivo era llevar la protesta hasta la Secretaría de Trabajo, sin embargo, cuando todavía se estaban concentrando en la intersección de las calles Corrientes y Callao, las fuerzas de seguridad lo impidieron.

Así, los agentes avanzaron sobre los manifestantes con palos y gas pimienta, con el argumento de despejar la calle y permitir el paso de los vehículos. No obstante, en un video publicado en Twitter por FM La Patriada se observa como un trabajador discute con un oficial y le plantea que nunca les pidieron que liberaran el paso, sino que simplemente los reprimieron sin previo aviso.

Varias personas debieron ser hospitalizadas debido a las heridas provocadas.

Según denuncian, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) no acompañó a los trabajadores y pactó con el Gobierno y la firma que sean despedidas más de 30 personas.

El conflicto

La empresa Coca-Cola Femsa, que embotella y distribuye esa línea de bebidas gaseosas en Argentina, presentó el pasado 21 de febrero un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Esta figura legal, vigente desde principios de la década de 1990, debe ser aprobada por la autoridad competente (en este caso la Secretaría de Trabajo) y habilita a las compañías a aplicar suspensiones de personal, negociar despidos y pagar menos a la hora de indemnizar empleados, entre otras cosas.

Según las autoridades de la firma, están "atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo", por lo que se ve en la "necesidad de readecuar su estructura de trabajo". No obstante, los trabajadores plantean que esto es falso y que se trata de una maniobra para precarizar las condiciones de trabajo. Esta versión fue avalada parcialmente por el Gobierno, ya que se rechazó el PPC.

Pero según informó el diario local La Nación, las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo se reunieron con representantes de la empresa y desestimaron la solicitud, aunque negociaron que en lugar de 75 despidos, cifra a la que apuntaba la compañía, fueran 35, con una indemnización del 100%.

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