Argentina impone más restricciones a los extranjeros que quieran radicarse en el país

El Gobierno argentino anunció este jueves nuevas medidas en su política migratoria que implicarán mayores exigencias para los extranjeros que deseen radicarse en el país sudamericano.

Será requisito para quienes inicien el trámite de residencia la presentación de un historial de antecedentes penales, donde deberá constar la no existencia de condenas en los últimos 10 años.   

Además, entre las medidas que adoptará la Dirección Nacional de Migraciones, los extranjeros deberán presentar un certificado de trabajo y otro de salud, que serán evaluados por las autoridades competentes.  

Por otra parte, el costo de los trámites migratorios sufrirá un incremento en algunos casos. 

El anuncio, realizado en la tarde de este jueves, estuvo a cargo del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el director nacional de Migraciones, Horacio García, en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires.

García señaló durante la conferencia de prensa que se buscará "establecer con el resto de los países mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal", y que habrá "contemplaciones" con aquellas naciones que las tengan con la Argentina.

"Tenemos mucho más control del que existía en el pasado respecto al ingreso de extranjeros al país", destacó Frigerio. 

Argentina endurece su política migratoria para facilitar las deportaciones

En Argentina se ha reforzado la Ley de Migraciones luego de que el presidente Mauricio Macri firmara un decreto para endurecer los controles en la frontera y facilitar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

Entre las modificaciones se establece como motivo de expulsión de cualquier extranjero, tener abierta una investigación judicial por algún hecho delictivo. Antes era necesario tener una condena efectiva.

Asimismo, se decreta como causal de impedimento de ingreso al país omitir que se tienen antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización criminal vinculada al narcotráfico, trata o tráfico de órganos (aunque no haya condena). Además, "solo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".