Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Congreso que aumente el gasto para el Ejército y el muro que quiere construir en la frontera con México, y para el cual demanda 8.600 millones de dólares –seis veces más de lo que se le había otorgado para proyectos fronterizos en cada uno de los últimos dos años fiscales–, el Gobierno mexicano ha emprendido una serie de acciones para intentar gestionar la migración hacia su vecino del norte.
De este modo, la Administración comandada por Andrés Manuel López Obrador ha acogido a solicitantes de asilo mientras su trámite se procesa en EE.UU.; ha habilitado albergues para darles refugio temporal, aunque en algunos estados mexicanos los migrantes han denunciado retención contra su voluntad; e incluso, de manera inédita, otorgó tarjetas de visitante por razones humanitarias a quienes comenzaron a ingresar al país a principios de este año a través de su frontera sur.
"Hay opiniones encontradas, porque hasta ahora el Gobierno mexicano decidió no abrir el frente que implica Donald Trump, porque Trump está buscando un adversario favorito y México le queda muy cómodo. Lo que no quiere el Gobierno mexicano en este momento es crearse un problema. Lo entiendo como estrategia política, creo que el Gobierno mexicano le está apostando a que las dinámicas internas de EE.UU., como el triunfo demócrata en las pasadas elecciones, acaben beneficiándolo más que una política de confrontación", señala al respecto la doctora en ciencias sociales y especialista en migración, Leticia Calderón Chelius.
La primera caravana migrante de este año, ya bajo el Gobierno de López Obrador, a diferencia de las anteriores, ingresó en su mayoría de manera ordenada, recibiendo pulseras de registro del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras aguardaban para solicitar tarjetas de visitante por razones humanitarias y, con las cuales, podían además permanecer en albergues habilitados para ellos.
Asimismo, bajo el programa emergente de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, creado con el objeto de "tener una migración ordenada segura y regular", el INM entregó 13.270 tarjetas. Esta iniciativa culminó el pasado 28 de enero, al no haber nuevos registros.
Estas medidas, explica Laura del Alizal Arriaga, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), son el resultado de que México adoptase el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018. "Es algo que negoció el Gobierno anterior y fue firmado por todos los países miembros de la ONU, menos Estados Unidos, y lo que vemos que está realizando la actual Administración es el cumplimiento estricto de lo que se había pactado".
Sin embargo, las especialistas resaltan la experiencia de las personas designadas por López Obrador en el Instituto Nacional de Migración. "Tranquiliza que hay gente experta, que está tratando de amortiguar el daño que ocasiona toda la belicosidad de Trump, todo su discurso de odio y xenofobia", enfatiza Del Alizal.
Las autoridades mexicanas han interceptado a menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han recibido a alrededor de 160 personas mientras aguardan la resolución de sus solicitudes de asilo; esto ha sido visto como una decisión estratégica del Gobierno de López Obrador para no provocar a Trump.
En este sentido, Del Alizal Arriaga señala que cuando EE.UU. devuelve a México a los solicitantes de asilo, "el Gobierno de López Obrador está aceptando las condiciones de Trump, aunque el Gobierno mexicano lo presentó como una decisión unilateral, algo impuesto, pero que acepta bajo el argumento de razones humanitarias; esto hace pensar que sí hubo acuerdo y que la tónica de López Obrador es no tener confrontación con Estados Unidos".
Por su parte, Calderón Chelius sostiene que aunque México no ha aceptado ser tercer país seguro: "Estados Unidos, de manera unilateral, contra toda forma diplomática, decidió que iba a enviar a México a población extranjera solicitante de asilo que hubiera llegado a su territorio (…) Diplomáticamente, es una estocada muy dura que el Gobierno mexicano ha tratado de sortear, porque, lo que observo, es el interés de que la política interna acabe imponiéndose a ese tema de política exterior, es la apuesta que tiene el Gobierno mexicano".
Para las expertas, la agenda migrante parece, entre la población, un tema secundario a las preocupaciones sobre el trabajo, la seguridad y la corrupción. "Es el problema del flujo migratorio para México, que hasta que no brinca, no somos conscientes de esto, es un caso de ceguera social", advierte Calderón.
Del Alizal concuerda en que la migración no es un tema relevante en la agenda nacional. "Creo que en buena medida es porque la migración mexicana hacia a EE.UU. hace ya más de 8 años comenzó a frenarse, pero cada vez son más los migrantes centroamericanos que usan a México como país de tránsito y creo que el pacto de Marrakech le ayuda mucho al Gobierno a saber qué hacer con ellos".
Desde el fin de semana, el Gobierno de México enfrenta una polémica respecto a la desaparición de 22 migrantes en el estado de Tamaulipas (norte de México).
Por un lado, la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad indicó que los migrantes fueron privados de la libertad cuando viajaban de la ciudad de Tampico a la de Reynosa. Sin embargo, durante su conferencia matutina, López Obrador dijo este día que no hay indicios de que el camión haya sido secuestrado, sino que un grupo de sujetos se llevó a los migrantes y se está haciendo una investigación. Horas más tarde, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que existe la hipótesis de que los migrantes habrían contratado a estas personas para ayudarlos a cruzar la frontera de manera ilegal, pues llevaban una lista de las personas que debían bajar del autobús.
"A pesar del cambio de la política migratoria, en la que ya no debería haber migración sin documentos, hay que voltear a ver qué pasó ahí, porque la gente optó por entrar sin documentos y muestra lo vulnerable de esa migración", dice al respecto Calderón Chelius.
Asimismo, a propósito de los 100 días de Gobierno, López Obrador resaltó que se atiende "con respeto a migrantes centroamericanos", así como que la "relación con el Gobierno de Estados Unidos ha sido cordial; no se usa el lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente".
El presidente mexicano dio a conocer que está negociando un acuerdo de cooperación para el desarrollo con el gobierno de EE.UU., a fin de invertir al menos 2.500 millones de dólares en los países vecinos de Centroamérica y 4.800 millones de dólares en proyectos productivos en el sur de México para "crear cortinas de desarrollo de sur a norte para convertir la migración en voluntaria, no un acto forzado por la carencia, la inseguridad o la falta de perspectivas", dijo López Obrador en su mensaje.
Sobre ello, Del Alizal explica que es la idea central del Plan Puebla-Panamá, planteado por los expresidentes Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), pero que no ha sido posible ejecutar. "Nunca se ha podido poner en práctica, pero estoy convencida de que por ahí tendríamos una respuesta real al problema migratorio, desde el punto de vista económico, habría empleo, trabajo, para que la gente se quede en sus países de origen".
Paola Morales
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