El Gobierno de España pone fecha a la exhumación de Franco

A pesar de las dificultades judiciales, el Ejecutivo del presidente español Pedro Sánchez ha decidido exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco el próximo 10 de junio. La decisión, tomada en el Consejo de Ministros de este viernes, también resuelve que los restos serán trasladados al cementerio de El Pardo, que es de titularidad estatal.

Así, según ha comunicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han determinado hacer frente a la postura de la familia Franco, que no ofrecía ninguna alternativa viable, toda vez que habían anunciado que solo aceptarían el traslado de los restos a la catedral de la Almudena, en el centro de la capital española.

"Contemplamos que puedan tener una íntima ceremonia, no habrá ni imágenes, ni convocatoria pública", ha dicho Calvo, quien también ha recordado que en Mingorrubio, el camposanto de El Pardo, está enterrada la esposa de quien fue jefe de Estado durante 40 años.

La pretensión de la familia fue rechazada por considerarla inviable por cuestiones de seguridad y orden público, por lo que se les concedió un plazo de 15 días para que indicaran otro lugar. El plazo venció este lunes, sin que los Franco dieran una respuesta adecuada.

El final de un lento proceso

Esta decisión concluye el procedimiento iniciado por el Gobierno de Sánchez el 31 de agosto del año pasado, que se ampara en la Ley de 2007 de Memoria Histórica, en el pronunciamiento de un grupo de expertos en 2011 y en el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados que convalidó el Decreto para proceder a la exhumación en agosto de 2018.

"Estamos ejecutando una Ley de nuestro Parlamento, propia de una democracia que ha hecho un esfuerzo por atender los informes de Naciones Unidas", ha dicho Calvo, en referencia a las recomendaciones del organismo internacional para que "el dictador no esté en un lugar de exaltamiento".

Posibles impedimentos judiciales

La familia del dictador Franco pretende que la ley de exhumación se declare inconstitucional

Los nietos del dictador ya anunciaron que presentarían un recurso a esta decisión ante el Tribunal Supremo, al igual que anunció la Abadía del Valle de los Caídos –también contraria a esta determinación–.

Además, también está pendiente de resolver lo relacionado con la licencia de obra concedida por el municipio donde se encuentra la actual sepultura de Franco. El magistrado José Yusty Bastarreche paralizó cautelarmente la licencia, admitiendo una de las decenas de demandas presentadas por los abogados de la familia Franco, que otros jueces habían rechazado.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido apartar a este juez por su falta de imparcialidad, habida cuenta de las declaraciones contra la Ley de Memoria Histórica –que establece medidas para reparar a las víctimas de la persecución y la violencia durante la guerra civil española y la posterior dictadura– que ha realizado, a la que ha definido como "ansia de venganza".