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Los escenarios que enfrenta el presidente de Cataluña por no retirar los símbolos independentistas
El plazo otorgado por la Junta Electoral Central concluyó el martes.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, que ha desoído en dos ocasiones a la Junta Electoral Central (JEC), ha asegurado que su decisión sobre retirar la simbología independentista dependerá de lo que decida el Defensor del Pueblo catalán, según comunicó la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi.
Tras varias reclamaciones, este martes finalizó el plazo que la JEC –máximo órgano español para garantizar la legalidad de las elecciones– dio al presidente catalán para eliminar esta simbología de las instituciones públicas, por considerarlas partidistas.
Las insignias independentistas y los lazos amarillos en favor de la liberación de los líderes secesionistas se han convertido así en el foco de la política catalana de los últimos días y la negativa de Quim Torra a retirarlos podría hacer que se enfrente, incluso, a la inhabilitación.
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, una de las principales asociaciones de magistrados de España, afirma que el Defensor del Pueblo catalán tiene una "función estrictamente consultiva" y sus dictámenes "no son vinculantes", por lo que el Gobierno catalán tiene la potestad de "sujetarse o no al dictamen que haga esa institución autonómica".
Los escenarios para Torra
De este modo, "hay varios escenarios posibles" a los que se podría enfrentar Torra si finalmente desoye el mandato de la JEC, sostiene González. El primero sería que el Defensor del Pueblo considerase que se trata de un caso que infringe "la neutralidad política en los edificios públicos", con lo que coincidiría con el criterio de la máxima autoridad electoral española.
Otra posibilidad sería que el Gobierno catalán recurriera el acuerdo de la JEC ante el Tribunal Supremo y al mismo tiempo tratara de que se suspendiera el mandato durante la tramitación del recurso.
"Un último escenario sería que, incluso recurriéndolo ante la Justicia, el Tribunal Supremo decida que no se suspende", ilustra el experto, caso en el que "el acuerdo sería inmediatamente ejecutivo" y los Mossos d'Escuadra tendrían que proceder a la retirada de los símbolos. En esta coyuntura, "el señor Torra, podría estar incurriendo en un delito de desobediencia", afirma González, que opina que si se diera esta última hipótesis serían necesarios al menos dos meses para inhabilitar al presidente catalán.
Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, se ha sumado a las críticas y ha afirmado que en el caso de que el presidente catalán no cumpla con los requerimientos de la JEC, estaría sobrepasando la raya de la desobediencia.
Libertad de expresión contra neutralidad
Desde el Gobierno catalán se argumenta que la exposición de esos símbolos son propios de la libertad de expresión y que no pueden coartar su ejercicio a los trabajadores públicos que deseen practicarlo.
Por el contrario, los argumentos de la Junta Electoral Central afirman que se trata de un acto partidista, puesto que solo representan las aspiraciones de una "parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella" y que no puede llevarse a cabo durante la campaña electoral, que exige neutralidad por parte de las instituciones.
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