La Justicia mexicana ordena la detención de un exgobernador y un empresario por la tortura contra la periodista Lydia Cacho

Un tribunal federal de México ordenó la captura del exgobernador del estado de Puebla (centro) Mario Marín y el empresario de origen libanés Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho en el año 2005.

Fue un tribunal con sede en el balneario de Cancún, en Quintana Roo (sureste), el que giró la orden de aprehensión, que también contempla al exdirector de la Policía judicial Hugo Adolfo Karam Beltrán y el excomandante Juan Sánchez Moreno por su presunta participación.

El 26 de noviembre de 2018, un juez con sede en Cancún había negado la orden de aprehensión en contra de estas cuatro personas, pero luego de una apelación se revocó dicho expediente y se libró la orden de detención.

Tras conocer la noticia, Cacho escribió en su cuenta de Twitter que "el logro judicial" es suyo, de su familia y abogados.

Los delitos imputados a los cuatro acusados son abuso de autoridad y tortura luego que la periodista fuera detenida hace casi 14 años acusada de difamación y calumnia tras la publicación del libro titulado 'Los Demonios del Edén', en el que vinculaba a políticos y empresarios poblanos, entre ellos Nacif, con la explotación sexual de menores. Además, la citada obra involucra a policías y políticos corrompidos, así como a redes de narcotráfico y pornografía infantil en Cancún.

Los medios mexicanos difundieron, en su momento, una grabación de Nacif con un sujeto identificado como Juanito, quien era el enlace en los juzgados con el empresario del ramo textil, sobre la detención de la periodista.

El 14 de febrero de 2006 también se dio a conocer la grabación de una llamada telefónica entre el exgobernador Marín y Nacif, en la cual le agradecía por detener y procesar a Cacho.

Sobre su detención, la periodista mexicana escribió 'Crónica de un abuso desde el poder. Mi detención', donde explicaba cómo sucedió el arresto: "Las cosas fueron maquinadas para fabricar una orden de arresto. Cuando hay una denuncia por difamación, la o el juez pide que la o el periodista acuda para responder a la demanda. El problema es que a mí los citatorios del juez nunca me llegaron, pero al juzgado le hicieron pensar que yo los ignoré. Ese desacato, del que yo estaba ajena, es lo que desencadenó la orden de aprehensión por parte del juez quinto de lo penal en Puebla, ciudad en donde origina la denuncia mi demandante, a 1.500 kilómetros de Cancún".