Odebrecht y la sed de justicia en México: ¿En qué etapa va el caso?

Hace unas semanas, el expresidente peruano Alan García se disparó en la cabeza cuando la policía se preparaba para arrestarlo por asuntos relacionados con el caso Odebrecht. Después de algún tiempo en que los escándalos vinculados con la empresa brasileña –que involucran a políticos del más alto nivel en toda Latinoamérica– habían disminuido, el suicidio de García ha reanudado las interrogantes en torno a los casos de corrupción en todo el continente y la responsabilidad de los funcionarios públicos, incluidos los mandatarios.

México no ha sido la excepción. El caso de Odebrecht en México está ligado al gobierno de Felipe Calderón y las licitaciones que ganó la firma brasileña en Pemex, a través de su filial Braskem, que están llenas de cosas turbias, así como con el mandato de Enrique Peña Nieto, quien recibió dinero del corporativo sudamericano para financiar su campaña electoral, a cambio de contratos a futuro también en la petrolera estatal mexicana. Sin embargo, la trama de corrupción ha dormido el sueño de los justos y se ha quedado archivada en algún cajón. Aunque en toda Latinoamérica se han enjuiciado hasta presidentes, México y Venezuela son, hasta el momento, los únicos países que no han consignado culpables de importancia en cuanto a este tema que salpicó a todo el continente.

Evidentemente esto no puede seguir así. López Obrador ha tenido como eje de su discurso la austeridad y el combate a la corrupción, algo en lo que ya ha dado importantes pasos en los cinco meses que lleva su administración. Pero el gobierno es un elefante reumático que es muy difícil de mover. Y una de las razones de esa inmovilidad es la falta de castigo a los responsables de la corrupción de gobiernos anteriores. No se trata de una cacería de brujas, pero tampoco se puede dar la vuelta así de fácil. Simplemente porque la impunidad está provocando gran parte de la parálisis del gobierno. Empresas corruptas que no han sido investigadas a fondo, o que no han sido castigadas, entorpecen los procesos actuales. No es posible nada más vetar compañías que, en su cinismo, se amparan con jueces igual de corruptos.

Se debe castigar a las empresas, a los jueces y sobre todo a los políticos del pasado, que siguen impunes en las calles, dando sus pareceres de "expertos" en las redes sociales y, en casos extremos, buscan seguir participando de la administración pública o de negocios a través de sus testaferros.

En estos cinco meses se dieron los primeros pasos. Se creó una Fiscalía General de la República, cuyo titular es aprobado por el Legislativo y no por el presidente, para evitar complicidades o encubrimientos como los que hizo el último procurador, miembro del PRI, Raúl Cervantes, con sus compañeros de partido Enrique Peña Nieto y el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El nuevo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declaró hace una semana que se tuvo que reponer el procedimiento por lo mal hecho que estaba, pero que en un plazo de dos meses se presentarán cargos formales y se judicializará el caso, bajo la figura de delincuencia organizada.

Sin duda, la pieza principal de este rompecabezas y el primero que debería pisar la cárcel es Emilio Lozoya, quien ya tiene abiertas carpetas de investigación desde hace un tiempo por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pero a los que no se les ha dado seguimiento. Incluso un juez permitió que se amparara y que no se diera a conocer información relacionada con él, lo que es una muestra más de la corrupción que vive el sistema judicial en México.

La nueva Fiscalía no solo ha reactivado el caso, sino que ha llegado a lo que su antecesor no se atrevió: pedirle al Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, facilitar el acceso a las pruebas e investigaciones relacionadas con los juicios por corrupción en contra de Odebrecht. De construir un verdadero caso, la Fiscalía no estaría en posición solamente de reunir pruebas suficientes para enjuiciar a Emilio Lozoya, sino también de trazar la ruta de negocios completa de Odebrecht en México, que abarca tres sexenios: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, todos ellos a través de la empresa petrolera estatal y sus distintas filiales. Esta corrupción se contabiliza en varios miles de millones de dólares.

México impide la participación de Odebrecht en obras públicas federales

La lucha contra la corrupción de Odebrecht en México ha comenzado a rendir frutos con la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública, en días pasados, para inhabilitar a la compañía brasileña y a dos de sus filiales por tres años. Pero esto apenas podría ser el principio. No solo se debe poner castigos ejemplares a la constructora, sino a los políticos mexicanos que permitieron y se beneficiaron de esta corrupción. Y no debe quedar en simples sanciones administrativas. De ninguna manera. Se deben imponer las sanciones penales correspondientes y que los culpables terminen en la cárcel, en lugar de seguir paseando por los restaurantes de lujo de la Quinta Avenida en Nueva York o de los barrios elegantes en México.

El programa a favor de la austeridad y en contra de la corrupción de López Obrador nunca estará completo si existe impunidad para los funcionarios públicos corruptos. Es la tercera pata del banco, de lo contrario, estará cojo de manera permanente. Justicia es lo único que demanda el pueblo de México. No más, no menos.