El Sistema de Salud en México vive en una permanente crisis desde hace más de medio siglo. Ya en 1964-1965 hubo un importante movimiento médico y de trabajadores del sector salud por motivos económicos y la falta de democracia sindical que se tradujo en la huelga de 25.000 médicos y decenas de centros de la salud, entre los que destacó el Hospital General y muchos otros de primera línea. Falta de instalaciones adecuadas, de doctores, material de curación o medicamentos fue una constante en las décadas subsecuentes. Partos en los pasillos, almacenes vacíos, esperas de meses para una cita o falta de equipo técnico es algo común que vivimos los mexicanos en los diferentes centros de salud. Hace años, un servidor esperó meses para tener una simple radiografía mientras que en los pasillos hospitalarios escuchaba de gente que tuvo que esperar hasta un año por una resonancia magnética o de retrasos de meses para poder canjear las recetas médicas. Todo esto en la Ciudad de México, yendo hacia el interior del país la cosa se pone muchísimo peor.
¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales para remediar esto? Absolutamente nada. Bueno sí, algo. Empezaron a pagar seguros privados para que los funcionarios del gobierno (o sea ellos mismos) no tuvieran que ir al sistema de salud público. A esto se destinaban 500 millones de dólares anuales, que terminaban muchos de ellos en colusiones entre las aseguradoras y los prestadores de servicios médicos que autorizaban cirugías cosméticas (desde operaciones de nariz hasta implantes de senos) o en facturas sin comprobables o dobles facturaciones. Una verdadera corrupción donde México copiaba el modelo de salud fallido de los Estados Unidos. Para una breve crítica al respecto puede verse el documental Sicko, del cineasta estadounidense Michael Moore, que es una crítica a las grandes compañías de servicios de salud estadounidenses, los fraudes de las aseguradoras y la imposibilidad de cincuenta millones de personas para acceder a un sistema de salud de calidad y universal.
México siguió este camino y sus resultados han sido igualmente pésimos. Los servicios de salud que obtienen los mexicanos se han vuelto enormemente diferenciados, algo que agrava las desigualdades sociales. No es lo mismo el servicio que se obtiene en un hospital de tercer nivel o de especialidades en la Ciudad de México que lo que recibe la gente pobre en los centros de salud en el interior del país. No es lo mismo la atención que hay en un hospital público que la que hay en un hospital privado, al que muy pocos mexicanos pueden acceder. Por eso, como parte del cambio de régimen, López Obrador se ha impuesto la tarea de transformar todo el sistema de salud mexicano. Se pretende que las instituciones ya no imiten el modelo neoliberal estadounidense y se intentará emular otro tipo de lineamientos y estándares como los de Suecia, Dinamarca, Canadá o Inglaterra, que suelen ser mucho más justos y democráticos.
Como hay que predicar con el ejemplo, lo primero que hizo López Obrador fue eliminar para los funcionarios de gobierno los servicios médicos privados. Lo mismo hizo el Legislativo. El único poder que –como siempre– se niega a perder sus privilegios es el judicial. Este ahorro de 500 millones de dólares servirá para fortalecer el sistema de salud público. Si alguien quiere atención médica privada dentro del gobierno deberá pagarlo de su bolsillo y no del erario público.
El nuevo sistema de salud busca integrar las distintas instituciones que existen en la actualidad: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSA) y las instituciones estatales para aglutinarlos en un solo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSB). Todo esto con el fin de dar atención a la población no asegurada y que no tiene acceso a la seguridad social, que son aproximadamente 60 millones de mexicanos. Sí, lo leyeron bien, más de la mitad del país no tiene en este momento un acceso real e institucional a la salud pública. Es la herencia del modelo neoliberal.
Esto llevará un poco de tiempo porque hay que homologar servicios, salarios y protocolos. No solo había pacientes de primera y segunda, también había médicos de primera y segunda que dependiendo del lugar donde prestaran sus servicios tenían una diferencia salarial de hasta veinte veces (diferencias desde 300 dólares hasta 6000 dólares mensuales), donde los mayores salarios no eran los de los médicos sino los de los administrativos. Similares desigualdades existen entre los médicos residentes o eventuales y los de planta. Un problema que, como dijimos, explotó en 1964 y que en medio siglo poco o nada se hizo para solucionarlo.
La falta de integración y federalización del sistema de salud no solo tiene estas disparidades en el servicio hospitalario y los salarios de los distintos trabajadores de la salud. También ha estado en la compra de medicamentos que equivale a 5.000 millones de dólares anuales. Esta compra de medicamentos estaba concentrada en tres grandes grupos que se llevaban casi toda la tajada del pastel y que se valían de la "autonomía" de compras entre las oficinas centrales y las delegaciones estatales (en el interior del país) para vender con diferencias de hasta más de 1000% de sobre precio por el mismo medicamento, en la misma institución pero en distinta ventanilla. Eso sin contar los muchos casos en los que administraciones pasadas compraron medicamentos caducos o incluso dieron agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer.
Este cambio de paradigma ha empezado a dar los primeros resultados positivos. Investigadores médicos de reconocimiento internacional como Gustavo Reyes Terán (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias), Juan Sierra Madero (Instituto Nacional de Ciencia Médicas y Nutrición), Andrea González (Clínica Especializada Condesa) y Patricia Volkow (Instituto Nacional de Cancerología), de la mano de activistas históricos de la lucha contra el SIDA como Alejandro Brito (Letra S) y Genaro Lozano, (internacionalista y periodista) le propusieron al gobierno de López Obrador un ajuste en el tratamiento de antirretrovirales que permitiría obtener medicamentos de nueva generación y que, sin corrupción, permitiría obtener mejores precios que los que se pagaban por las viejas medicinas. Este único acompañamiento en antirretrovirales significó un ahorro de 85 millones de dólares, lo que corresponde a más del 50 % del gasto anual total en el tratamiento antirretroviral. Así, con el cambio que se está instrumentando, se podrá atender a más pacientes, a nuevos casos y con el mismo presupuesto.
Si en un solo rubro hubo ahorros de 85 millones de dólares que significará atender al doble de pacientes con medicamentos más actualizados, es de suponer que en el resto de las compras se vean ahorros y beneficios similares. La participación de médicos especializados, miembros de la sociedad civil y gobierno puede ser una alianza muy efectiva para el sector salud del país. Esto no ocurrió en el pasado por la corrupción que existía y que ignoraba las recomendaciones médicas, prefiriendo comprar medicamentos obsoletos, caducos o hasta pactar grandes fraudes como la de las quimioterapias para niños con cáncer. Es un cambio histórico que habrá de beneficiar a esa mitad de la población que no tiene acceso a la salud.
Porque la salud debe ser un derecho y no un privilegio, bienvenido el cambio de reglas y el cambio de paradigmas.
@BuenrostrJavier
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