La Justicia de Chile ordena reparar a familias de víctimas de la dictadura, pero absuelve a dos carabineros

La Justicia de Chile condenó este martes al fisco a pagar una indemnización total de 250 millones de pesos (unos 360.000 dólares) a familiares de dos víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de Luis Alberto Lobos Cañas y Roberto Enrique Anfrens Fuentes, ambos ejecutados en septiembre de 1973, en un operativo policial realizado en la población Los Nogales de la comuna de Estación Central.

En la misma sentencia, el ministro en visita Mario Carroza absolvió, por falta de pruebas, a dos carabineros retirados que habrían actuado en el crimen: Óscar Patricio Ibacache Carrasco y Juan Eliecer Ponce Manivet.

En su resolución, el juez especial Carroza sostiene que los datos recolectados durante la investigación permitieron demostrar que Lobos Cañas y Anfrens Fuentes "fueron víctimas de la violencia política imperante en esa época y que perdieron la vida a mano de agentes del Estado".

Sin embargo, sostiene Carroza, los antecedentes "no han sido igual de convincentes para tener un resultado análogo en la individualización de los efectivos que participaron en los homicidios, lo cual evidencia un estándar de prueba insuficiente para llegar a aseverar que los acusados fueron los ejecutores de estos ilícitos".

Los hechos que se juzgaron ocurrieron en septiembre de 1973, en un Chile convulsionado por el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Según cifras oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otras 40.000 víctimas fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.