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Un juez federal bloquea la ley contra los indocumentados en Utah

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La ley antiinmigrante del estado norteamericano de Utah, similar a la polémica SB1070 de Arizona, fue bloqueada por un juez federal unas horas después de que entrara en vigor.
Un juez federal bloquea la ley contra los indocumentados en Utah

La ley antiinmigrante del estado norteamericano de Utah, similar a la polémica SB1070 de Arizona, fue bloqueada por un juez federal unas horas después de que entrara en vigor.

El juez Clark Waddoups fue el que firmó el dictamen. En la víspera los grupos de defensores de derechos humanos enviaron a Waddoups una petición donde pedían que frenara la entrada en vigor de la ley y se analizara si era inconstitucional. El juez, a su vez, examinó las posturas de ambas partes y detuvo la iniciativa.

Mientras tanto, a pesar de todo, cientos de inmigrantes indocumentados prefirieron abandonar Utah y trasladarse a otros estados, donde corren menos riesgo de ser arrestados y deportados del país.

¿Qué comprende la ley 497 de Utah?

La ley migratoria de Utah otorga derechos extraordinarios a los policías para verificar el estado migratorio de cualquier arrestado o cualquier individuo si tienen sospechas de que pueda ser un inmigrante indocumentado. Se les otorga el poder de entregar a las personas presuntamente indocumentadas a los servicios migratorios.

Si se comprueban los documentos del conductor, esta medida se extendería también a los pasajeros que se encuentran en el vehículo.

La ley 497 prohíbe a los indocumentados solicitar trabajo en lugares públicos, su libertad de movimientos y no se les permite alquilar ni viviendas ni establecimientos.

Las compañías y empresas del país están obligadas a participar en el programa federal E-Verity, que comprueba el estado migratorio de sus empleados.

El ejemplo de Arizona

Tanto en su contenido como en la detención de su entrada en vigor, la ley de Utah sigue el ejemplo de la de Arizona.

La ley SB1070, promulgada en abril bajo el argumento de la protección de los ciudadanos que están en ese estado de forma legal, entró en vigor el 29 de julio de 2010. Aunque 24 horas antes la jueza Susan Bolton ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma que criminaliza la inmigración.

El Departamento de Justicia Federal respaldó la iniciativa de Bolton, asegurando que el tema de la inmigración es un tema federal y no debe tomarse tal tipo de medidas a nivel de un estado.

"Los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel de cooperar con el Gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución", dijo el mensaje oficial del Departamento de Justicia.

En Estados Unidos, un  país de más de 300 millones de habitantes, hay alrededor de 11 millones de ciudadanos indocumentados, la mayoría procedentes de América Latina. El martes el presidente de EE. UU., Barack Obama, instó al Congreso a aprobar la reforma migratoria que permitiría a miles de inmigrantes ilegales regularizar su estadía y trabajo en el país. Estas intenciones fueron anunciadas aún cuando era candidato presidencial en 2008, sin embargo el problema sigue sin resolución. El partido republicano declara que de ningún modo apoyará una reforma migratoria bajo los términos señalados por la Casa Blanca.

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