La crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 y la enfermedad que produce, denominada covid-19, se ha extendido ya por todo el mundo. Sin cura existente hasta el momento, las únicas medidas son preventivas. Hay que disminuir la velocidad de propagación y así evitar que colapsen los sistemas de salud, como ya ha ocurrido en Italia y España, y ahora está empezando a pasar en Estados Unidos y Ecuador. Todo este aislamiento está llevando a una crisis económica de una magnitud no experimentada desde la Segunda Guerra Mundial. Las primeras medidas de contención alrededor del mundo fueron las reducciones de las tasas de interés de referencia y colocación de deuda para restablecer la confianza de los mercados.
Pero estas disposiciones son insuficientes considerando que nos enfrentamos a una crisis cuyos orígenes son completamente diferentes a la financiera de 2008-2009. Estamos a las puertas de una crisis laboral y en el sector servicios, de la economía real. En solo unos días, España tuvo un millón de nuevos desempleados mientras que en un periodo todavía menor, Estados Unidos alcanzó diez millones. Las expectativas en México y Latinoamérica son igual de preocupantes.
El desinterés de los gobiernos neoliberales en construir un Estado de Bienestar en México magnifica el problema de desempleo. Treinta millones de puestos de trabajo están ligados a la economía informal y otros diez millones están precarizados. Cuando México llegó tarde al banquete de la modernidad, según Octavio Paz, se le olvidó especificar que llegó tarde a lo más importante socialmente de esa modernidad: el Estado de Bienestar. Es por eso que ahora observamos con impotencia cómo conglomerados empresariales, cuyas ganancias son de decenas de millones de dólares anualmente, exigen a sus empleados una "ausencia voluntaria" sin goce de sueldo ni compensación alguna. Este ha sido el caso de Alsea, que agrupa firmas tan reconocidas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, entre otras empresas que han revelado su mezquindad en la peor hora.
Al mismo tiempo, los dueños de Alsea, que pertenecen al poderoso y exclusivo Consejo Mexicano de Negocios (CMN), claman por estímulos fiscales que incluyen diferir los impuestos de las ganancias de 2019 (antes que empezara la crisis) o subsidios para la nómina; la misma donde ya no están los trabajadores que fueron separados. Estas grandes empresas que quieren un subsidio a la nómina llevan más de un año haciendo lobby en el Congreso para evitar modificaciones al inhumano 'outsourcing', que es una de las principales causas de la crisis económica y laboral en ciernes. Además, estos estímulos, según el Nobel de Economía Paul Krugman, solo son benéficos en el corto plazo (escenario actual) para la empresa pero no para el trabajador, a quien le conviene una transferencia directa.
En México, los tiempos de crisis y los estados de emergencia han sido grandes caldos de cultivo para la corrupción gubernamental y empresarial, como el rescate bancario de 1995, conocido como Fobaproa, donde las deudas privadas de unos cuantos se convirtieron en una deuda pública casi diez veces mayor al monto original. El pago de esta deuda con sus intereses no podrá ser cubierta antes de 2070, si corremos con suerte.
Sabedor de esto, López Obrador se ha negado a implementar exenciones fiscales o a la prórroga en el pago de impuestos. También ha rechazado tomar la deuda que le ofrecen como manzana envenenada organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, cuyos préstamos son el Caballo de Troya con el que se apoderan de las economías nacionales. Esto lo han experimentado en el pasado México y Argentina, pero la experiencia de Nigeria en su batalla contra el ébola pudiera ser la más similar en estos momentos. Como primer paso para la recuperación económica, López Obrador decidió empezar por vacunar a la economía mexicana contra un "coronaproa".
Pero la inevitabilidad de la crisis económica obliga al Estado a impulsar inmediatamente una agenda de políticas públicas para amortiguar el impacto en la economía familiar. Varios países han implementado subsidios directos. Han sido los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Hong Kong entre otros. En esto México ya lleva ventaja. Durante el primer año de esta administración, el gobierno ha implementado programas sociales, que consisten en subsidios directos orientados a sectores de la población en desempleo o subempleo, y en condiciones de vulnerabilidad. Escalar y ampliar estos programas será más fácil que empezar desde cero otros, y son el cimiento para instalar un ingreso básico universal (IBU) cuando se viable financieramente.
Si se trata de rescatar, individuos y pequeños negocios deben ser los primeros en la lista de subsidios, ya que estos tienen un impacto inmediato en los sectores de la población que se verán más afectados. Préstamos con tasas de interés reducidas pueden mantener pequeños negocios durante la crisis, como lo han señalado los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Es por esto que el gobierno ya anunció un millón de microcréditos para pequeños comerciantes, la mitad para economía informal a tasa cero y la otra mitad para la economía formal con una tasa mínima.
¿De dónde saldrá el dinero para ampliar y escalar los programas de transferencia directa, los microcréditos y los posibles subsidios al desempleo que se necesitarán? El libro de texto y los economistas ortodoxos llaman a contraer deuda y a realizar una reforma fiscal, ambas rechazadas por López Obrador. La economista keniana Crystal Simeoni se ha preguntado si las soluciones financieras pueden resolver los problemas sistémicos que ellas mismas provocaron. La respuesta de López Obrador, basada en tres décadas de observación en México, es clara: no lo hacen.
Para evitar contraer deuda López Obrador ha decretado la extinción de fideicomisos (no todos), que eran históricamente usados como cajas chicas que no podían ser auditadas. Más de 10.000 millones de dólares saldrán de estos opacos mecanismos para ser usados en esta contingencia. Por otra parte, mucha gente pugna porque se haga una reforma fiscal, pero una promesa de campaña de AMLO fue no subir ni imponer nuevos impuestos. Todavía hay margen de mejora en la recaudación ahora que la condonación de impuestos quedó prohibida por ley, algo que significó alrededor de 20.000 millones de dólares en los dos sexenios anteriores.
Además de las condonaciones, estas empresas utilizaban esquemas de elusión fiscal y solo pagaban el 2,2% de ganancias, mientras que un contribuyente promedio paga el 35 % de sus ingresos. La supresión de los fideicomisos y la lucha contra el régimen de excepción, que favorecía a los grandes contribuyentes para no cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales, se encuentran íntimamente ligados al combate contra la corrupción y la impunidad, principales ejes del gobierno de López Obrador.
Como dice Krugman, no es tiempo de estímulos a las grandes empresas porque tanto la oferta como la demanda estarán detenidas o ralentizadas por unos meses. Es tiempo de la ayuda directa al que menos tiene, de subsidios a los trabajadores no a las empresas, de transferencias directas a los grupos más vulnerables, de impulsar un ingreso básico universal (IBU), de préstamos a tasa cero o lo más cercano a este. Es momento de una asistencia para los ciudadanos, para el pueblo, como si se tratara de un caso de desastre natural. En México, ya el sector bancario fue rescatado en 1995 y el empresarial en la crisis financiera de 2008-2009. Es tiempo de ayudar a la gente de pie, al trabajador común y corriente, a la micro y pequeña empresa, que es donde está verdaderamente el grueso de los empleos en México.
Esta crisis sanitaria y económica vuelve a poner en el centro la necesidad de un sistema de salud público universal y la obligatoriedad de un sistema de seguridad social robusto, dos de los blancos de ataque favoritos del neoliberalismo. Es el momento de dar una vuelta de tuerca y que la etapa posneoliberal que vive México se convierta en la fundación de un nuevo pacto social y de una nueva economía solidaria constituida por cooperativas, comercio justo, un sindicalismo y derechos laborales fuertes, de impulsar las microfianzas y microcréditos con tasas preferencial para quienes no pueden acceder a los créditos bancarios, etc. Es tiempo de un México solidario que vea por las personas y no solamente por los grandes corporativos empresariales.
Ese ha sido el proyecto político y económico con el que López Obrador ganó la presidencia y ha actuado congruentemente esta semana reforzando este compromiso y apostando todo su capital político a un doble o nada. Es la decisión más importante de su sexenio. En este periodo de crisis hay que ser solidarios y recordar como mantra que por el bien de todos, primero los pobres. Es la única vía posible en la tormenta para que un México fraterno y unido prevalezca cuando llegue la calma.
@BuenrostrJavier
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