La gobernadora de Arizona solicita levantar las restricciones a la ley antiinmigración
La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, ha presentado ante el Tribunal Supremo una petición de levantamiento de algunas restricciones impuestas a la polémica ley antiinmigración SB107.
"Confío en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida asumir la causa y ofrecer la claridad tan necesaria para estados como Arizona, que están soportando los significativos costes humanos y financieros de la inmigración ilegal", señaló la política.
En julio de 2010 un tribunal federal bloqueó algunos artículos de la ley por una demanda del Departamento de Justicia estadounidense, decisión que fue confirmanda posteriormente por una corte de apelaciones.
Entre los puntos de la ley que no están vigentes todavía está la obligación de los agentes policiales de verificar el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de ser inmigrante ilegal. Asimismo no fueron legalizados los puntos que obligaban a los inmigrantes a llevar siempre la documentación migratoria, ni los que prohibían a los indocumentados buscar empleos públicos.
"La SB1070 fue el único camino que tuvo Arizona para decir que ya no esperaremos pacientemente hasta que el Gobierno Federal haga algo", señaló la gobernadora.
La ley antiinmigración, considerada discriminatoria por la mayoría de los indocumentados, ha provocado una ola de indignación y multitudinarias protestas en todas partes de EE. UU. Asimismo dio inicio a una serie de iniciativas legales similares en otros estados del país.
A principios de agosto el Gobierno de Barack Obama se opuso por segunda vez a un proyecto de ley antiinmigración redactado por las autoridades de un estado. Esta vez se trató del estado de Alabama y su ley HB56, considerada la más estricta del país y calificada por el Gobierno federal como incongruente con la política migratoria de EE. UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que criminaliza la estadía indocumentada y obliga a los profesores a verificar la situación migratoria de sus estudiantes.