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La esterilidad a veces tiene su recompensa

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El Gobierno de Eslovaquia deberá pagar 31.000 euros de indemnización a una mujer que fue esterilizada sin un consentimiento claro en el año 2000 en un hospital público de la ciudad de Prešov. La sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo prevé, además, que las au

El Gobierno de Eslovaquia deberá pagar 31.000 euros de indemnización a una mujer que fue esterilizada sin un consentimiento claro en el año 2000 en un hospital público de la ciudad de Prešov. La sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo prevé, además, que las autoridades del país paguen 12.000 euros para cubrir los gastos del proceso.

El 23 de agosto de 2000, una mujer de etnia gitana, entonces de 20 años de edad, dio a luz a su segundo hijo. Los médicos tuvieron que practicarle una cesárea. En la última fase de la operación le advirtieron a la joven que si tenía un hijo más, esto podría costarle la vida a ella o al bebé. La mujer admitió que, dolorida y asustada, firmó el consentimiento para su esterilización.

Sin embargo, luego expresó que ni siquiera entendió qué era la esterilización. No se dio cuenta ni de la naturaleza de la medida ni de sus consecuencias y, lo más importante, no entendió que se trataba de algo irreversible. No le dieron tiempo para reflexionar ni para hablar con su marido. Subraya que tampoco le ofrecieron un método alternativo.

Su vulnerable estado físico y emocional de aquel momento se nota incluso en los documentos. La rúbrica al lado de las palabras “Paciente demanda esterilización” no es firme. Ni siquiera pudo escribir de manera correcta su apellido de soltera.

La mujer asegura que fue su pertenencia a la  etnia gitana el factor clave que llevó a los médicos a optar por la esterilización como método de contracepción para ella. Desde hace tres años, la joven recibe tratamiento psicológico. Entre 2007 y 2008 incluso sufrió los síntomas de un embarazo psicológico.

Los representantes del hospital, por su parte, explicaron que se vieron obligados a recurrir a la medida por razones médicas, ante el riesgo de ruptura del útero. Aseguraron que dio su autorización después de que le comunicaran los riesgos de un tercer embarazo.

Aunque la justicia eslovaca aceptó los argumentos del hospital y el tribunal de Prešov rechazó en 2006 la demanda de la joven, el Tribunal de Estrasburgo, que consideró el caso durante más de cuatro años, le dio la razón a la mujer. No calificó el hecho como una esterilización forzosa — una práctica común en la década de los años 70 en la antigua Checoslovaquia comunista que tenía como objetivo controlar la población gitana en el país— pero sí admitió que tuvo lugar una presión, causada por la nacionalidad de la paciente: en todos los informes médicos viene indicado que la mujer es gitana.

Estrasburgo consideró que el hospital “actuó con una falta de respeto flagrante hacia el derecho de autonomía y la elección de la paciente", violó sus derechos de la vida privada y familiar y la trató de manera inhumana y degradante.

Conforme a la cifra oficial, hoy en día la tasa de esterilización en Eslovaquia es 0,1% de las mujeres en edad reproductiva.

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