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Pérez Molina: Se debe pagar por la droga incautada

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Los países consumidores de drogas, en particular Estados Unidos, deben pagar por cada cargamento de estupefacientes que sea incautado a los traficantes en América Central. Asimismo el exterminio de los cultivos de amapola y marihuana debe ser recompensado por los destinatarios.
Pérez Molina: Se debe pagar por la droga incautada

Los países consumidores de drogas, en particular Estados Unidos, deben pagar por cada cargamento de estupefacientes que sea incautado a los traficantes en América Central. Asimismo el exterminio de los cultivos de amapola y marihuana debe ser recompensado por los destinatarios.

Así lo planteó el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ante sus homólogos de Panamá y Costa Rica y un grupo de funcionarios de otros países de la región en un encuentro celebrado en la ciudad guatemalteca de Antigua.

El anfitrión había convocado esta reunión para adoptar una actitud regional unificada respecto al problema del narcotráfico, que sirvió de anticipo a la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se celebrará próximamente en Honduras.

La propuesta de buscar recompensas se sumó al reclamo ya tradicional, por parte del nuevo presidente guatemalteco, de la parcial despenalización del consumo y suministro de las drogas. Pero esta misma resultó ampliada en el discurso de Pérez Molina, quien la dividió en dos etapas.

Una implicaría la descriminalización al tránsito de las sustancias y las materias primas, ahora prohibidas en la región. La segunda incluiría en este proceso la producción, tránsito, comercio y consumo de estupefacientes en la zona. Habría sido coordinada jurídicamente con países como México y Estados Unidos.

“Esto tenemos que discutirlo despacio”, sostuvo el líder guatemalteco, porque se trata de asumir decisiones políticas de consenso que contribuyan a resolver el problema. También el dirigente propuso “oxigenar el tema de la justicia” al crear una corte penal con jurisdicción regional. A su juicio, tal órgano descargaría a los sistemas judiciales y penitenciarios de cada uno de los países.

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