El Gobierno colombiano y los indígenas se sientan a dialogar para poner fin a las protestas, ¿qué reclaman?

Después de 12 días de protestas indígenas, que incluyeron el bloqueo de la carretera Panamericana en el departamento de Cauca, el Gobierno colombiano anunció que se sentará a dialogar con los manifestantes.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que a partir de este viernes comenzarán a funcionar tres comisiones de trabajo: una técnica, una política y otra humanitaria. Para esto se firmó un acuerdo con la 'Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz', liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

De esta forma, se levantó el corte que la ministra Gutiérrez había cuestionado por vulnerar "derechos fundamentales como la alimentación o libre locomoción de quienes no hacen parte de la Minga".

"Nosotros exigimos garantías para las personas que están por fuera de esta protesta. Respetamos este derecho, siempre y cuando, no se le cause perjuicio a terceros", enfatizó la funcionaria.

¿Cuáles son los reclamos?

El planteo principal gira en torno a la discusión del 'Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022', impulsado por el presidente Iván Duque, al que consideran "contrario a la cosmovisión de los pueblos indígenas".

En ese sentido, la Cric difundió un comunicado en el que señaló que esta iniciativa fue elaborada sin acuerdo con los indígenas de esa zona colombiana, "vulnerando el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado". De igual manera, expresan que existe un "alto riesgo de desaparición" debido a que su integridad y derechos no son protegidos.

Desde su perspectiva, se pretenden "adoptar políticas internacionales a favor del modelo de desarrollo económico globalizante", lo que favorece "los intereses elitistas de quienes ostentan el poder económico en el país y el ingreso de grandes capitales representados en multinacionales".

Al respecto, cuestionan que esto implicará la "profundización de las desigualdades sociales, el extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos, como por ejemplo mercados de capitales, financiarización de tierras y recursos minero-energéticos, exploración y explotación de yacimientos no convencionales".

Asesinatos de líderes sociales

Además del aspecto económico, uno de los puntos fuertes del reclamo está vinculado a los crímenes contra referentes de distintas comunidades. De hecho, cuando comenzó la protesta, uno de los líderes indígenas, Alexánder Cunda, fue asesinado de tres disparos en la cabeza.

Así, Cunda se sumó a la extensa lista de muertes de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos muertos luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a un informe del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta 2018 esa cifra asciende a 238. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia sostienen que ese número se eleva a 438.

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