Diversas áreas de la selva Amazónica continúan ardiendo. De los más de 33.000 focos de fuego detectados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) desde comienzos de agosto –cuando se activó la alarma del rápido aumento de incendios– más de un tercio están en Unidades de Conservación Ambiental o en Tierras Indígenas demarcadas. La delimitación oficial de estos territorios está garantizada por la Constitución brasileña e implica una obligatoriedad de protección de la vegetación aún más estricta que en el resto de la Amazonia, también protegida.
Sônia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y representante política del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), siglas con las que fue candidata a la vicepresidencia en las pasadas elecciones de 2018, explica en entrevista los impactos de los incendios en las comunidades indígenas de la Amazonia.
"Nuestra tierra continua quemándose", explica Guajajara, en referencia a la Tierra Indígena Arariboia de donde ella es originaria, en el estado brasileño de Maranhão. "No hemos recibido hasta ahora ningún apoyo de las Fuerzas Armadas ni de las brigadas contra incendios nacionales, las brigadas locales y los miembros de la comunidad no tenemos condiciones suficientes para enfrentar el fuego. Estamos comenzando a desesperarnos porque hace ya diez días que esto está ardiendo y no conseguimos controlarlo", añade Guajajara.
De acuerdo con los análisis del Instituto Socioambiental (ISA), el INPE ha reconocido 3.553 focos en un total de 148 Tierras Indígenas de la Amazonia brasileña en el periodo del último mes. El ISA subraya que las tierras indígenas que sufren por los incendios figuran entre las que poseen los mayores índices de invasión y deforestación ilegal. Las medidas tomadas por el actual gobierno de Brasil se resumen al envío de 44.000 miembros de las Fuerzas Armadas para ayudar a las brigadas locales a luchar contra el fuego, un contingente que no consigue llegar a todos los lugares de la selva donde las llamas continúan avanzando.
Algunos de los órganos de control de la selva sufren de una limitación de su capacidad de acción como resultado del recorte de recursos otorgados, en primer lugar desde el Ministerio de Medio Ambiente y, por otra parte, a partir del Fondo Amazonia, el mayor recurso de financiación de actividades de protección de este bioma.
"Los incendios aparecieron en las tierras indígenas de forma brutal e inesperada", añade Guajajara, que explica que uno de los mayores peligros reside en las consecuencias para los pueblos ancestrales aislados, que viven sin ningún tipo de contacto con otros grupos sociales y que serían los más vulnerables al avance del fuego y podrían incluso extinguirse. "El pueblo de los Awá, que se mantienen aislados, se está aproximando a otras aldeas porque se está quedando sin agua. Esta desesperación es, sin lugar a dudas, la menos propicia para que un grupo indígena haga sus primeros contactos con otros núcleos sociales".
El fuego es extremamente preocupante para la fauna y la flora en la que está considerada como la mayor selva tropical del mundo, con el 40% de la diversidad del planeta. Esta histórica líder indígena explica que la destrucción de la vegetación conlleva la destrucción de ciertos nacimientos de agua y por tanto la sequía en algunas regiones.
Cuestionada sobre los impactos perceptibles hasta el momento en la salud de las personas, Guajajara declara que el aumento de los problemas respiratorios es el síntoma más visible. "Las personas desarrollan asma y bronquitis, por ejemplo, después de tantos días respirando ese humareda", explicita y subraya que estas enfermedades fueron espectacularmente visibles tras otros incendios que se registraron en la Tierra Indígena Arariboiaen 2015 y 2016. De acuerdo con sus declaraciones, en 2015 el incendio permaneció activo tres meses, quemó una aldea entera y arrasó con 205.000 hectáreas, que hasta el momento están siendo difícilmente recuperables a pesar de los incesantes intentos.
"Ver el rastro de destrucción dejado por las cenizas es una sensación de extrema tristeza", narra ella bajo el recuerdo de lo que fueron anteriores fuegos. "El impacto es desastroso para los pueblos que viven de los recursos naturales, de lo que la Madre Tierra nos ofrece, porque perdemos el alimento y, además, altera nuestra cultura".
Guajajara, o Soninha, como es familiarmente más conocida esta indígena y activista entre la población brasileña, detalla que los incendios afectan los rituales de las comunidades indígenas porque algunas plantas o animales necesarios para estas fiestas se vuelven más escasos. "Sin ignorar, claro está, la cantidad de animales que mueren quemados o desnutridos por la falta de su alimento, el trauma que les queda a los que sobreviven u otras secuelas de salud por la exposición al fuego continuado".
"Los incendios aumentaron bastante este año. Siempre hubo pero no con estas proporciones". Guajajara explica que este aumento de incendios se debe al debilitamiento de la política ambiental y al recorte de recursos para los órganos de control de actividades ilegales forestales. "El discurso de odio de autorizar la destrucción ha permitido diversos ataques en los territorios indígenas, el avance de la deforestación y, consecuentemente, la propagación de incendios provocados".
Una nota pública, divulgada por la APIB este 26 de agosto y firmada por otras 27 organizaciones sociales, relaciona directamente el aumento de las quemadas con el de la deforestación y argumenta que esto ha venido aparejado a un aumento de actos de violencia contra los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y movimientos sociales. "Violencia que permanece impune, en la gran mayoría de los casos", expone la misiva. "Entre los factores de intensificación de la crisis ambiental amazónica producida por el Gobierno central está el rechazo a demarcar tierras indígenas y embates para abrirlas a la explotación de las mineras, las hidroeléctricas y el agronegocio, en oposición a la Constitución Federal", añade la declaración conjunta del tercer sector.
Soninha, presente activamente en todas y cada una de las recientes manifestaciones que han tenido lugar en Brasil para denunciar la destrucción de la selva amazónica, anuncia que habrá una huelga global el día 20 de septiembre y una marcha de mujeres por el clima el 7 de diciembre con motivo de la COP25 en Chile. "Mientras el mundo entero clama por una solución frente a los incendios, el Gobierno mantiene una posición de flexibilidad en relación a las leyes ambientales", afirma.
"El movimiento indígena siempre se moviliza, la diferencia es que en los incendios de 2015 y 2016 hubo un apoyo del Gobierno central y de diversos cuerpos de bomberos desplazados. El ministerio de Medio Ambiente mostró en aquel entonces un compromiso que fue clave para resolver el problema, pero ahora este ministerio poco se preocupa con ayudarnos, hace oídos sordos a la destrucción de la selva, la deforestación y la quema. Parece que considerasen eso normal o, por lo menos, actúan como si esta destrucción fuese normal", revelan las palabras de Guajajara.
Cuestionada sobre la acción deseada para combatir estos incendios, añade que, más allá de la urgencia de apagar el fuego, es extremamente necesario invertir en prevención, es decir, en equipos que orienten sobre cómo se deben quemar las ramas secas de la poda, que informen sobre las mudanzas climáticas y los periodos de sequía en los que hay mayor riesgo de propagación de fuego.
"Nos preocupa inmensamente que nuestra tierra, nuestra casa se esté quemando, pero nos inquieta más aún que esto sea a nivel amazónico. Se han desatado nuevos fuegos de Alter do Chão que también amenazan a poblaciones próximas y todavía no han sido controlados y, así, hay múltiples situaciones", explica Guajajara. Alter do Chão está en una región de protección ambiental situada en el estado de Pará, donde vive el pueblo indígena Borari y donde acuden cada vez más turistas por la belleza de sus paisajes, ahora bajo la luz incandescente de los fuegos próximos.
"Dejar que la selva se queme es una forma más de negociar y entregar la Amazonia a cualquier precio". Soninha tiene claro que el Gobierno y sus políticas tienen una responsabilidad. "Mientras que algunos países europeos ofrecían apoyo por medio de fondos o de organizaciones sociales, el Gobierno brasileño solo escuchaba sus propios intereses y los de las empresas privadas, es decir promover lo que él llama 'progreso' a partir de la destrucción de la naturaleza y la muerte de las personas", relata con indignación. "Eso sí que amenaza a la soberanía nacional, porque sin nosotros no existe esa Nación".
En los últimos tres meses, países como Alemania y Noruega han cuestionado las políticas ambientales del actual gobierno de Jair Bolsonaro y los roces diplomáticos han escalado hasta tal punto que estos dos países han retirado su apoyo financiero, que era esencial para la manutención del Fondo Amazonia, la mayor vía de recursos hasta el momento para proyectos de conservación de este bioma. La tensión diplomática ha salpicado con más fuerza a Francia, que también cuestionó las promesas de conservación de Bolsonaro y ofreció una ayuda económica por medio del G7 que todavía no se sabe si será formalmente aceptada por el Gobierno brasileño.
Por el contrario, los ministros parecen estar vislumbrando otra vía de financiación, que sería la propuesta el viernes pasado por el ministro de Relaciones Exteriores Michel Pompeo y que estaría íntegramente gestionada por empresas privadas, pues esta sería según Pompeo y su homólogo brasileño, Ernesto Araujo, la única vía para proteger la selva y los intereses de quien allí vive. "El aumento de empresas de extracción de recursos naturales nos genera una inseguridad insoportable porque sabemos que conforme más invierten, más dueños se sienten de esta tierra", responde Guajajara.
Ella, como representante del movimiento indígena brasileño, clama al cielo por el hecho de que las poblaciones nativas que viven en la selva nunca sean consultadas en relación a las políticas que allí se aplican. "El Gobierno de Bolsonaro ya decía desde su campaña electoral que los indígenas tendrían que ser integrados a la sociedad. Él no respeta nuestros modos de vida, quiere imponer un patrón único de sociedad y eso demuestra el tamaño de su ignorancia en relación a nosotros, pueblos ancestrales".
Soninha resalta, también, que desde que comenzó este Gobierno ninguna tierra indígena ha sido demarcada, tal y como el actual presidente prometió en su campaña. Y, no solo eso, sino que la legislación está avanzando para reducir los derechos de las poblaciones ancestrales o para legalizar actividades como el arrendamiento de tierras indígenas para producciones intensivas, tal y como propone el Proyecto de Enmienda Constitucional, PEC-187, según rezan las palabras de esta líder indígena. "Este Gobierno se está consolidando como el más intolerante y abominable de la historia democrática de Brasil. Algunas de sus políticas autorizan, indirectamente, el genocidio de los pueblos indígenas", concluye Guajajara.
Luna Gámez
@LunaGamp
