El sector estratégico del campo español en pie de lucha: ¿qué piden los agricultores y ganaderos?

Durante las últimas cuatro semanas, España ha presenciado movilizaciones en el sector agrícola sin precedentes en los últimos años. Tanto jornaleros como propietarios agrícolas han salido a la calle a protestar por la situación en la que se encuentra su sector.

Nutridas manifestaciones, cortes de carreteras y desfiles de cientos de tractores han sido las maneras de llamar la atención sobre las diferentes problemáticas que el campo español arrastra desde hace años, encabezadas por la enorme diferencia entre lo que se paga al agricultor por los productos y su precio en los mercados, hinchado por las mordidas de los intermediarios.

Este martes, 18 de febrero, de nuevo volvieron a parar Extremadura y Andalucía, dos de las regiones españolas eminentemente rurales y donde la suma de agricultura y ganadería representa un porcentaje mayor de su PIB. Fue una más de las paradas recogidas en un calendario de movilizaciones a la que siguieron el miércoles Granada, también en Andalucía, y La Coruña, en Galicia, al norte del país, donde todas las asociaciones del sector hicieron un llamamiento para concentrarse al frente de la delegación del Gobierno, con una especial incidencia en los trabajadores y empresarios el sector lácteo. 

El 24 de febrero será Jaén, la provincia principal productora de aceite de oliva, la que acogerá concentraciones y la capital andaluza, Sevilla, un día después. El día 27 de este mes será Extremadura la región que pretende llamar la atención con una concentración en la frontera con Portugal. Está previsto el corte de una carretera en sentido al país luso, con la intención de visibilizar la problemática a nivel europeo.

El apoyo del Gobierno

Las protestas de las últimas cuatro semanas cuentan con el apoyo explícito de una parte del Gobierno. El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, se dirigió este martes al sector al que exhortó a que siguiera "apretando" ya que, aseguró, tienen "razón". "Tenemos razón en lo que decimos y hemos denunciado esta situación. Me llevo la sensación de que en pocos días vamos a tener una concreción de medidas en temas relacionados con la ley de la cadena alimentaria para tener un precio justo", dijo Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, al término de la reunión que mantuvo tanto Iglesias, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los representantes de las principales organizaciones agrarias y ganaderas.

De momento, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha manifestado su intención de modificar la ley de la Cadena Alimentaria "antes de que concluya este mes". Así, en una entrevista radiofónica este jueves en Onda Cero, ha asegurado que su departamento está "trabajando contra reloj" para ese cambio normativo, aunque aseguró que "no es fácil".

De momento, este mes de febrero se llevaría a cabo una primera modificación urgente, en la que se prohibiría las ventas a pérdidas, y posteriormente se elaboraría un proyecto de ley en el que además se tienen que adaptar al menos 30 artículos de la directiva europea.

Un sector estratégico

En el caso de las frutas y hortalizas, que es uno de los principales focos de la actual crisis, generan un volumen de negocio de 17.796 millones de euros anuales. De los que, según los datos del Ministerio de Agricultura y de Fepex (la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), el gran comercio únicamente circula un 7 % de la producción nacional.

El 80 % de la producción española se destina a la exportación, mientras que en el mercado interior el 7 % se vende en la industria, el 6 % en los fruterías, hostelería y mercados ambulantes; y el 7 % restante en los hipermercados y supermercados.

En total, el sector primario en España (agricultura, pesca, ganadería y silvicultura) representa el 2,7 % del PIB, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a lo que hay que añadir el 2,5 % de la industria agroalimentaria. Sumado a las actividades indirectas, como transporte y distribución, y al sistema pesquero, en total el sector produce el 10 % de la riqueza del país.

La mayoría de la producción se dedica al mercado exterior, lo que ha logrado situar al país como la octava potencia exportadora alimentaria del mundo, cuestión que en 2017 representó 50.000 millones de euros de ventas.

Además proporciona de manera directa alrededor del 4 % del empleo del país. En enero de 2020, el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario ascendía a 1.129.230 personas, alcanzando un nivel de empleo directo e indirecto de más de 2,7 millones de personas.

Las demandas del campo

Las movilizaciones han sido convocados por las organizaciones Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

La principal reclamación se centra en los bajos precios que se pagan en origen frente a los elevados costes de producción, por lo que reclaman a la Administración medidas legislativas urgentes que garanticen la percepción de ingresos ligados a los costes de producción.

Algunas de las medidas concretas reclamadas son:

• Decretar como práctica abusiva, y por lo tanto ilegal, la venta a pérdidas.
• Definir el concepto de precio justo para cada uno de los productos agrícolas y ganaderos perecederos, y que esté ligado a los costes de producción.
• Dar referencia en los contratos de compraventa de los alimentos a índices de costes de producción.
• Establecer sanciones ejemplares y públicas para quienes lleven a cabo prácticas abusivas.
• Instaurar la obligatoriedad del etiquetado en origen para los productos frescos y manufacturados.
• Regular y facilitar el establecimiento de canales para la venta directa de productos agrícolas y ganaderos.

Falta de precios justos

Los trabajadores del campo denuncian que no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. Así, muchos de los productos sufren un encarecimiento en el punto de venta final, que llega a superar el 500 % del precio que se abona por ellos en el campo. El motivo principal de este problema, sostienen, es el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, puesto que existen muy pocos actores en el ámbito de la gran distribución, lo que provoca que se concentren en muy pocas manos las decisiones que afectan a todo un sector.

Al respecto, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, alerta: "es hora de que el campo muestre su hartazgo y se plante ante una situación de abuso que no puede continuar y a la que las Administraciones tienen que poner punto y final porque, de no ser así, de aquí a cinco años habrá desaparecido más del 50 % de la superficie agraria útil de la provincia", según recoge El Comercio. Y en el resto del país, el paisaje podría ser muy similar.

Subida de los costes de producción

La subida de los costes de producción de todo tipo es otra de las mayores críticas provenientes de las tres principales organizaciones convocantes de las movilizaciones. Alegan que los agricultores y ganaderos no tienen capacidad para trasladar esas subidas al precio de sus productos, por lo que, en ocasiones, se ven obligados a vender por debajo de su precio de coste, lo que se traduce en el cierre de muchas pequeñas explotaciones.

Así, en las últimas fechas se ha hecho alusión a la subida del salario mínimo de 900 a 950 euros al mes, decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alegando que supone un incremento de los costes laborales que la situación actual en la que se encuentra el sector primario no puede asumir.

Recortes en las ayudas

También en el foco de las protestas se encuentra la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE). Según los trabajadores del campo, las ayudas provenientes tanto de Europa como del propio Gobierno español, o de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, llevan años sufriendo recortes. 

Precisamente ahora está sobre la mesa la negociación para fijar el próximo presupuesto de la PAC, que se implementará entre 2021 y 2027. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno está "peleando de manera fuerte" para conseguir un reparto favorable para España de los fondos europeos, similar al que se encuentra actualmente en vigor, al parecer desde su Ministerio son pesimistas sobre el resultado de la negociación. Precisamente, la semana pasada la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ya asumía que habría recortes en la PAC.

Barreras comerciales

Otro problema al que se enfrentan estos productos españoles son algunas dificultades para salir al exterior. Así, barreras comerciales como el veto ruso, el Brexit -que reduce el presupuesto europeo en un 13 %- o los aranceles de Trump a las aceitunas de mesa, al aceite y al vino, están siendo duramente criticados.

Precisamente, la política proteccionista que está llevando a cabo el presidente estadounidense mantiene en vilo al sector. Esta semana el Consejo de Ministros de España aprobaba la creación de dos nuevos impuestos para equilibrar sus presupuestos: la tasa Tobin y la tasa Google. Este último tributo ha sido acusado, desde el otro lado del Atlántico, de estar destinado a discriminar a las empresas tecnológicas norteamericanas y Donald Trump no ha dudado en amenazar a los países europeos, que lo aprobaran de manera unilateral, con una suba de aranceles para los productos provenientes en ese país de hasta un 25 %, lo que afectaría de manera directa al campo español.

Productos de proximidad y etiquetado en origen

Los promotores de las protestas urgen a que se lleve a cabo un cambio legislativo que permita y facilite la creación de canales para la venta directa de sus productos a agricultores y ganaderos, evitando la participación de intermediarios.

'La revuelta de la España vaciada': Una última oportunidad para muchos pueblos despoblados

Además también exigen que se legisle sobre la obligatoriedad del etiquetado en origen. De hecho, durante estos días se han producido varios incidentes en los alrededores empresas acusadas de importar el género y etiquetarlo con posterioridad, como si hubiese sido producido en España.

Agricultura y ganadería frente al despoblamiento

Los agricultores y ganaderos, además, reivindican su papel para hacer frente al despoblamiento de gran parte del territorio español. De hecho, la de la 'España vaciada' es una de las cuestiones que ha saltado a la primera plana de los medios y de la agenda política en los últimos meses. Tanto es así, que en la región más despoblada de España, por primera vez una fuerza política cuyo principal propósito es luchar contra la despoblación, ha conseguido representación en el Parlamento español: Teruel Existe.

Los trabajadores del sector agropecuario reivindican su papel para revitalizar las zonas rurales, crear empleo y vertebrar a una gran parte del país.

Nuria López

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