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Economía

La corrupción, un alimento básico de la crisis de la zona euro

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La corrupción está socavando la lucha anticrisis en la zona euro, opina la ONG Transparency International. En la parte superior de la lista de las regiones más afectadas por el fenómeno situó a España, Grecia, Italia y Portugal, los cuatro estados cuyos problemas fiscales ponen en peligro la existencia de la moneda única.
“Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala. Los gobiernos de estos países prestan poca atención a la transparencia de las transacciones en el sector estatal que solo en la faceta de concursos públicos mueve unos 1,8 billones de euros anuales, mientras que cargos públicos y líderes empresariales utilizan su influencia para obtener contratos y para influir en las políticas.

Según la ONG, estos estados muestran “deficiencias” más graves “en la rendición de cuentas del sector público y los arraigados problemas de ineficiencia, negligencia y corrupción" y son “casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.

Para llegar a esta conclusión, Transparency International analizó a lo largo de un año el trabajo de unas 300 instituciones estatales de la Unión Europea. En cada país, los expertos han valorado las actividades de órganos del poder legislativo y ejecutivo, la independencia y eficacia de los sistemas judicial y electoral, de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, Policía, medios de comunicación y del comercio. Han considerado la eficacia de las medidas anticorrupción tanto desde el punto de vista de la base legislativa respecto al tema, como desde el punto de vista de aplicación de tales leyes en la práctica.
En cuanto a los posibles métodos para remediar la situación, la ONG recomienda "mejorar la financiación de los partidos" y estimular la "democracia interna" de los mismos. Destaca, además, que es necesario despolitizar los órganos supremos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, nombrar a los altos cargos sin criterios políticos y, por último, combatir la "economía sumergida".
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