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La policía militarizada argentina mantiene la protesta por sus salarios
Un sueldo digno. Eso es lo que exigen en sus protestas los oficiales y suboficiales de la Armada, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional de Argentina.
La Armada argentina, una de las tres fuerzas militares dependientes del Ministerio de Defensa, se sumó este jueves a las protestas que desde el martes llevan a cabo la policía militarizada de la Prefectura Naval y la Gendarmería, otras dos fuerzas de seguridad del país.
El conflicto se inició como reacción por la aplicación de un decreto que reducía los sueldos de las fuerzas de seguridad. Aunque el Gobierno Kirchner dio marcha atrás y dejó sin efecto la norma, estos cuerpos mantuvieron sus convocatorias para manifestarse frente a los edificios de las diferentes sedes de las fuerzas, situados en Buenos Aires para exigir un petitorio con reivindicaciones que establecen un mínimo salarial de 7.000 pesos nacionales, unos 1.500 dólares.
En respuesta a estas concentraciones, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, destituyó a los altos mandos de la Prefectura y de la Gendarmería, a los que considera responsables de la errónea aplicación del ya derogado decreto que pretendía reducir los salarios del sector entre un 30% y un 70%, al eliminar las pagas extra, una medida que desató esta inédita protesta.
Asimismo, el Gobierno ordenó a las nuevas cúpulas iniciar negociaciones para resolver la disputa y anunció que el martes dará una respuesta definitiva a las demandas.
Aunque tanto el Ejecutivo como la oposición han pedido el cese de las protestas, los efectivos decidieron continuar manifestándose hasta que se apruebe por escrito el petitorio.
Los portavoces de la protesta, por su parte, niegan que las concentraciones tengan el objetivo de conseguir la dimisión de la presidenta Kirchner.
Además, según aseguró el suboficial de la Armada argentina Marcelo Pereira Cuevas en RT, el reclamo se da en el marco de la democracia y en ningún momento pone en riesgo a las instituciones del Estado.
“Se agotó la vía administrativa, pasamos a la vía judicial; se agotó la vía judicial y ésta es la consecuencia”, declaró el suboficial.
El conflicto se inició como reacción por la aplicación de un decreto que reducía los sueldos de las fuerzas de seguridad. Aunque el Gobierno Kirchner dio marcha atrás y dejó sin efecto la norma, estos cuerpos mantuvieron sus convocatorias para manifestarse frente a los edificios de las diferentes sedes de las fuerzas, situados en Buenos Aires para exigir un petitorio con reivindicaciones que establecen un mínimo salarial de 7.000 pesos nacionales, unos 1.500 dólares.
En respuesta a estas concentraciones, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, destituyó a los altos mandos de la Prefectura y de la Gendarmería, a los que considera responsables de la errónea aplicación del ya derogado decreto que pretendía reducir los salarios del sector entre un 30% y un 70%, al eliminar las pagas extra, una medida que desató esta inédita protesta.
Asimismo, el Gobierno ordenó a las nuevas cúpulas iniciar negociaciones para resolver la disputa y anunció que el martes dará una respuesta definitiva a las demandas.
Aunque tanto el Ejecutivo como la oposición han pedido el cese de las protestas, los efectivos decidieron continuar manifestándose hasta que se apruebe por escrito el petitorio.
Los portavoces de la protesta, por su parte, niegan que las concentraciones tengan el objetivo de conseguir la dimisión de la presidenta Kirchner.
Además, según aseguró el suboficial de la Armada argentina Marcelo Pereira Cuevas en RT, el reclamo se da en el marco de la democracia y en ningún momento pone en riesgo a las instituciones del Estado.
“Se agotó la vía administrativa, pasamos a la vía judicial; se agotó la vía judicial y ésta es la consecuencia”, declaró el suboficial.
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