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El Gobierno argentino retirará unas licencias del grupo Clarín acorde a la ley de medios
El Gobierno argentino retirará una parte de las licencias del grupo Clarín acorde a la ley de medios. Anteriormente la compañía apeló la medida, pero la corte apoyó la postura de las autoridades.
Tras el fallo de un juez que declaró
constitucional el artículo de la ley de medios que obliga a desinvertir a aquellas empresas que han excedido el límite de licencias permitidas, el Gobierno argentino y el grupo Clarín iniciaron un nuevo capítulo en la batalla judicial por la aplicación precisamente de esta norma.
La nueva ley significa que el estado comenzó un proceso de trasferencia de oficios, conforme a la cual Clarín tendrá que vender a otros dueños varias de sus licencias de radio y canales de televisión.
El grupo Clarín en tanto calificó esta notificación como improcedente e ilegal, ya que presentó una apelación a la decisión judicial que podría ser revisada ahora por instancias superiores antes de ser obligado a vender sus empresas.
Guillermo Maestrini, especialista en política de medios, cuestionó la justicia por demorar más de tres años un fallo sobre el artículo de desinversión de esta ley, aunque lamentó también que el debate comunicacional se reduzca a la venta o no de licencias: "Una de las cuestiones más importantes es cómo la sociedad argentina ha debatido durante 3 años acerca del rol de los medios. El problema de los medios y su rol en la sociedad es mucho más que un artículo que obligue o no a vender licencias”.
"Se ha encerrado toda la discusión sobre la comunicación en un artículo. Pasamos de una situación donde la comunicación fue discutida y pensada socialmente, a donde todo se circunscribe a un punto que es mucho menos importante que la aplicación de la ley", concluye el experto.
La Ley de Medios fue aprobada hace más de tres años por mayoría en el Parlamento argentino, aunque su entrada en vigencia es demorada precisamente por el grupo Clarín que es el más afectado por la nueva ley ya que es el que más excede el número de licencias.
Desde entonces Clarín se convirtió en el principal opositor del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los expertos creen que la batalla judicial va a durar aún algunos meses antes de que la Justicia declare de forma definitiva la constitucionalidad o no de la Ley de medios sin posibilidad ya de apelación por ninguna de las dos partes.
La nueva ley significa que el estado comenzó un proceso de trasferencia de oficios, conforme a la cual Clarín tendrá que vender a otros dueños varias de sus licencias de radio y canales de televisión.
El grupo Clarín en tanto calificó esta notificación como improcedente e ilegal, ya que presentó una apelación a la decisión judicial que podría ser revisada ahora por instancias superiores antes de ser obligado a vender sus empresas.
Guillermo Maestrini, especialista en política de medios, cuestionó la justicia por demorar más de tres años un fallo sobre el artículo de desinversión de esta ley, aunque lamentó también que el debate comunicacional se reduzca a la venta o no de licencias: "Una de las cuestiones más importantes es cómo la sociedad argentina ha debatido durante 3 años acerca del rol de los medios. El problema de los medios y su rol en la sociedad es mucho más que un artículo que obligue o no a vender licencias”.
"Se ha encerrado toda la discusión sobre la comunicación en un artículo. Pasamos de una situación donde la comunicación fue discutida y pensada socialmente, a donde todo se circunscribe a un punto que es mucho menos importante que la aplicación de la ley", concluye el experto.
La Ley de Medios fue aprobada hace más de tres años por mayoría en el Parlamento argentino, aunque su entrada en vigencia es demorada precisamente por el grupo Clarín que es el más afectado por la nueva ley ya que es el que más excede el número de licencias.
Desde entonces Clarín se convirtió en el principal opositor del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los expertos creen que la batalla judicial va a durar aún algunos meses antes de que la Justicia declare de forma definitiva la constitucionalidad o no de la Ley de medios sin posibilidad ya de apelación por ninguna de las dos partes.
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