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Afganistán tenía un precio: los gastos más significativos están por llegar
Los conflictos de Irak, Afganistán, Libia o Siria tienen en común sus complejos procesos de pacificación, a lo que se une el hecho de estar socavados por la política exterior de Estados Unidos.
El periodista especializado Neil Clark denuncia que el intervencionismo militar estadounidense encubre motivaciones económicas.
"Cuando EE.UU. va por todo el mundo desatando luchas y guerras y subvirtiendo soluciones pacíficas, lo hace porque hay beneficios económicos para Wall Street y para el complejo industrial militar; algo tan intencionado que el Gobierno actúa en el interés del 1 por ciento y no del 99 por ciento que quiere paz y que está harto de guerras", señaló.
Según Clark, la lista de intervenciones de EE.UU. que han boicoteado procesos de paz es extensa. Los intereses de la industria militar han estado presentes desde los años 60, como quedó de manifiesto en casos como el de Yugoslavia, la guerra en Afganistán e Irak, la intervención en Libia o los recientes bombardeos aéreos a talibanes en Pakistán.
A tenor de los expertos, todos estos ejemplos son la consecuencia del funcionamiento del sistema electoral de la política estadounidense, condicionada por la presencia del complejo militar industrial.
Para Jose Antonio Sanahuja, profesor de estudios internacionales de Madrid, "el hecho de que cada congresista tenga que responder ante su circunscripción, hace que los contratos públicos y los de defensa sean algo realmente importante […]. Da pie a muchas oportunidades de cabildeo, de lobbies y de incidencia por parte de estas empresas, movilizando incluso a la ciudadanía y a la opinión pública".
Las cifras revelan que las decisiones políticas generan enormes beneficios para empresas privadas. Los 5 contratos más cuantiosos de una lista de 100 durante la última década fueron adjudicados a corporaciones militares privadas como General Dynamics, Boeing, o Lockheed Martin, siendo Lockheed Martin la que ostenta el récord con más de 40.000 millones de dólares solo en 2011.
Los casos de Irak y Afganistán ilustran este fenómeno. De hecho, según estudios de la Universidad de Harvard, estos conflictos han comprometido más de 3 billones de dólares, mientras que los gastos más significativos están por llegar, la deuda adquirida lastrará al contribuyente durante décadas y convertirá a estos conflictos en los más caros de la Historia de EE.UU.
Sin embargo, a día de hoy una enorme cantidad de los fondos presupuestarios sigue siendo destinada a la lucha contra el terrorismo de Al Qaeda, una lucha que, según Clark, es contradictoria.
"Si Al Qaeda no existiera habría que inventarla, Al Qaeda proporciona a EE.UU. en el contexto global un excusa para sus acciones, pueden apoyarla o darle la espalda, pueden ayudar a Al Qaeda para derrocar a regímenes como el del gobierno secular en Siria […]. Y al mismo tiempo pueden usar la presencia de Al Qaeda en dichos países como pretexto para intervenir, como vimos en Afganistán".
Pero más allá de las cifras económicas y de las consecuencias geopolíticas de estas intervenciones surge la cuestión del coste verdadero, pues estamos hablando de miles de vidas perdidas en combates, sociedades desestructuradas y el futuro económico de generaciones hipotecadas.
"Cuando EE.UU. va por todo el mundo desatando luchas y guerras y subvirtiendo soluciones pacíficas, lo hace porque hay beneficios económicos para Wall Street y para el complejo industrial militar; algo tan intencionado que el Gobierno actúa en el interés del 1 por ciento y no del 99 por ciento que quiere paz y que está harto de guerras", señaló.
Según Clark, la lista de intervenciones de EE.UU. que han boicoteado procesos de paz es extensa. Los intereses de la industria militar han estado presentes desde los años 60, como quedó de manifiesto en casos como el de Yugoslavia, la guerra en Afganistán e Irak, la intervención en Libia o los recientes bombardeos aéreos a talibanes en Pakistán.
A tenor de los expertos, todos estos ejemplos son la consecuencia del funcionamiento del sistema electoral de la política estadounidense, condicionada por la presencia del complejo militar industrial.
Para Jose Antonio Sanahuja, profesor de estudios internacionales de Madrid, "el hecho de que cada congresista tenga que responder ante su circunscripción, hace que los contratos públicos y los de defensa sean algo realmente importante […]. Da pie a muchas oportunidades de cabildeo, de lobbies y de incidencia por parte de estas empresas, movilizando incluso a la ciudadanía y a la opinión pública".
Las cifras revelan que las decisiones políticas generan enormes beneficios para empresas privadas. Los 5 contratos más cuantiosos de una lista de 100 durante la última década fueron adjudicados a corporaciones militares privadas como General Dynamics, Boeing, o Lockheed Martin, siendo Lockheed Martin la que ostenta el récord con más de 40.000 millones de dólares solo en 2011.
Los casos de Irak y Afganistán ilustran este fenómeno. De hecho, según estudios de la Universidad de Harvard, estos conflictos han comprometido más de 3 billones de dólares, mientras que los gastos más significativos están por llegar, la deuda adquirida lastrará al contribuyente durante décadas y convertirá a estos conflictos en los más caros de la Historia de EE.UU.
Sin embargo, a día de hoy una enorme cantidad de los fondos presupuestarios sigue siendo destinada a la lucha contra el terrorismo de Al Qaeda, una lucha que, según Clark, es contradictoria.
"Si Al Qaeda no existiera habría que inventarla, Al Qaeda proporciona a EE.UU. en el contexto global un excusa para sus acciones, pueden apoyarla o darle la espalda, pueden ayudar a Al Qaeda para derrocar a regímenes como el del gobierno secular en Siria […]. Y al mismo tiempo pueden usar la presencia de Al Qaeda en dichos países como pretexto para intervenir, como vimos en Afganistán".
Pero más allá de las cifras económicas y de las consecuencias geopolíticas de estas intervenciones surge la cuestión del coste verdadero, pues estamos hablando de miles de vidas perdidas en combates, sociedades desestructuradas y el futuro económico de generaciones hipotecadas.
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